La OEDyE vs los derechos fundamentales. La Audiencia Nacional y su limitación del Derecho de Defensa.

La imposibilidad de utilizar todos los medios de prueba en el proceso de entrega de un ciudadano de la Unión Europea en los procesos descritos en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, es un Derecho que está consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que debemos interrelacionarlo con el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva del artículo 24.1 de la Constitución.

            Hace pocas fechas, este despacho ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que su derecho a la utilización de todos los medios de prueba en el proceso había sido vulnerado y generado una absoluta indefensión. Pero, más allá de encontrarnos ante un proceso derivado de una procedimiento abreviado u ordinario, nos encontrábamos ante un proceso dimanante de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDyE), la cual está regulada por la 23/2014, de 20 de noviembre. Pues bien, lo curioso de este caso, no es la negativa a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, sino es la argumentación dada por la Audiencia Nacional para justificar su denegación.

            Para poner en antecedentes al lector, debemos explicar que el proceso de la OEDyE, se basa en lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 23/2014, específicamente, en cuanto a la detención en lo dispuesto en el artículo 50 y la posterior audiencia al detenido en lo tipificado en el artículo 51. Es decir, si a nuestro cliente lo detienen un viernes, pasará a disposición judicial el sábado y ese mismo sábado se celebrará sin solución de continuidad, todas las vistas concernientes al proceso. Estamos hablando de la conocida como “vistilla” sobre la detención y la vista de aceptación o no del traslado a las autoridades ejecutantes de la orden. Siendo en este único momento en el que los letrados podemos proponer prueba. Algo que a todas luces es atentatorio contra los derechos de nuestros clientes.

            Como todos podemos entender, la posibilidad de preparar cualquier prueba para  el abogado y el cliente que con ella consiga argumentar alguna de las causas de denegación de las previstas en el artículo 32, 33 y 48 es imposible. Pero, más “dificultad” es, si cabe, si una vez se inicia el procedimiento y se obtienen esas pruebas que consiguen argumentar que incurre una causa de denegación del artículo 48 y la misma no es admitida por entender que la misma no está prevista legalmente y es extemporánea.

            ¿Cuál es la previsión legal donde se desarrolla la imposibilidad de presentar pruebas en el transcurso de la OEDyE? Según, algunos Magistrados y Fiscales de la Audiencia Nacional, el artículo 51 de la Ley 23/2014 tiene la solución donde dice en su apartado 5.º que “Si no hubiere consentido, el Juez Central de Instrucción convocará a las partes para la celebración de vista, que deberá celebrarse en un plazo máximo de tres días y a la que asistirá el Ministerio Fiscal, la persona reclamada asistida de Abogado y, si fuera necesario, de intérprete. En dicha vista podrán practicarse los medios de prueba admitidos relativos a la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega. El Juez Central de Instrucción oirá a las partes sobre tales extremos y admitirá o denegará la prueba propuesta para acreditar las causas alegadas.”, hasta aquí lo que dice la Ley. Pues bien, como explicábamos anteriormente todo este proceso se hace de seguido, e imposibilitando así nuestro Derecho de Defensa.

¿Cómo un abogado va a tener en menos de 24 horas pruebas necesarias, para poder alegar la concurrencia de causas de denegación o condicionamiento de la entrega?, pero lo que es más sangrante ¿Dónde dice que con posterioridad a esta vista, no se podrá presentar ninguna prueba?. Creo que esta es la cuestión, ¿En qué artículo se basan para inadmitir cualquier tipo de actividad probatoria posterior a esta vista? No lo busquen porque no existe.

            Por lo tanto, si la Ley 23/2014  se fundamenta en su artículo 3 en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y los principios recogidos en la Constitución Española, en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950 y, además, en su artículo 4.1  establece que el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, se deberá regir por las normas de la Unión Europea y los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte, especificando que: “En defecto de disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”, nos volemos a preguntar entonces, ¿En qué artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal se establece que no se pueda presentar pruebas durante el proceso?.

            Bajo nuestro criterio, la interpretación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional no es ajustada a Derecho. Con ella, se vulnera el Derecho a la tutela judicial efectiva al no permitir la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, así como, se está produciendo una quiebra del principio de legalidad. Lo que sin duda hace que estemos ante un proceso que no garantiza nuestros Derechos Fundamentales.

Por último, queremos terminar con animando al lector a reflexionar sobre sí en las OEDyE se puede presentar prueba en los recursos de apelación a los autos de los Juzgados de Instrucción. Situación que será tratada en otro artículo más adelante.

Borja Luján Lago.

Socio. LL&HH Abogados.

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El primer artículo de nuestro Blog, no es jurídico, es de agradecimiento. Queremos desde estas líneas mostrar nuestro agradecimiento por la confianza que han depositado nuestros clientes en este despacho.

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